Con la venia de la Presidencia;

En épocas recientes, el derecho laboral ha encontrado nuevas formas y variantes en los modelos de contratación y relación entre los trabajadores y sus patrones.

Lo anterior obedece principalmente a los cambios ocurridos en el entorno en donde se desarrollan las empresas y en la economía, lo cual ha obligado a éstas a adaptarse para seguir siendo eficientes y garantizar que su operación resulte lo más rentable posible, generando con ello un amplio espectro de modalidades en las relaciones laborales, entre las que se encuentra el outsourcing o la subcontratación.

El intento de las empresas por tratar de concentrar la mayor cantidad posible de actividades para no depender prácticamente de ningún proveedor, como sucedió en la época de la postguerra, es hoy cosa del pasado, puesto que el desarrollo de la tecnología demostró que las compañías empeñadas en hacerlo todo ellas mismas no podían ser altamente competitivas en todos los departamentos, como sí lo eran las organizaciones que se especializaban en una sola actividad.

Visto desde esta perspectiva, el outsourcing puede ser una herramienta que, a través de la reingeniería de procesos, la desconcentración de los negocios y la disminución de costos, contribuye a aumentar la competitividad de una economía.

Lamentablemente, el outsourcing no siempre ha sido, como debería ser, un detonante del empleo productivo y decente, sino que, por el contrario, se ha utilizado para disminuir los costos de las empresas a costa de los impuestos que éstas debieran pagar al Estado y de los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo, el de acceso a la seguridad social.

Procurar el bienestar y mejorar las condiciones de vida a partir del acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo laboral debe ser siempre un compromiso de todos nosotros como legisladores, por ello debemos velar por que la subcontratación no represente la precarización del trabajo en nuestro país y sí un factor que impulse el desarrollo de la economía formal de las empresas y el bienestar de los trabajadores y sus familias.

En el Partido Verde, siempre hemos estado y estaremos a favor del respeto y ejercicio pleno de los derechos que la Constitución consagra para las y los trabajadores mexicanos, por ello coincidimos con el Ejecutivo federal en la necesidad de eliminar aquellas prácticas que los afectan y perseguir a quienes las usan indebidamente para otorgarles menos prestaciones.

Como ya se señaló, la utilización del outsourcing ha generado una práctica abusiva que ocasiona perjuicios en los derechos laborales de más de 4 millones de trabajadores y, a su vez, daña a la hacienda pública, la cual deja de percibir ingresos que sirven para financiar las actividades esenciales del Estado. Por otra parte, se debe señalar que el outsourcing ilegal se ha constituido como una práctica que propicia el lavado de dinero.

En este sentido, con el dictamen que se nos presenta a consideración se pretende dejar claro cómo podemos generar una mejor organización que cumpla con las prestaciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, impulse la productividad de las empresas.

En el Partido Verde nos pronunciamos a favor de que haya flexibilidad en la contratación para apoyar la formalización laboral y de las empresas, para apoyar la competitividad y la productividad, pero nunca a costa de los derechos de los trabajadores.

No podemos soslayar que el outsourcing ilegal representa para el trabajador que se le registre ante el IMSS con un salario menor al que realmente percibe; lo cual repercute en su pensión, en su crédito para vivienda, en las licencias por maternidad o paternidad y en sus incapacidades, así como en menores montos en caso de liquidación.

Además, el outsourcing redunda en inestabilidad laboral, no obliga al pago de utilidades y no permite a las y los trabajadores generar antigüedad para acceder a un mejor retiro.

Ante todo, resulta indispensable que se garantice el cumplimiento de las leyes y se maximicen los derechos y beneficios para los trabajadores, sin dejar de contar con un mecanismo eficiente para la contratación de servicios u obras especializados.

Es un hecho que se ha abusado de la subcontratación y se requiere una adecuada supervisión, vigilancia y sanción. Resulta fundamental evitar que se sigan evadiendo las responsabilidades laborales, así como terminar con la competencia desleal que representan las empresas abusivas para aquellas que sí cumplen con sus obligaciones.

Adicionalmente, la propuesta de decreto establece dos esquemas que regulan el monto máximo al que podrá acceder la fuerza laboral en el reparto de utilidades, mejorando con ello la legislación actual y garantizando en todo momento la aplicación de la que le resulte más favorable al trabajador.

Es por lo anterior que celebramos se haya alcanzado el consenso necesario para la aprobación de esta importante reforma, cuyo propósito es desterrar esquemas que propician la evasión fiscal y, al mismo tiempo, representan un obstáculo para la estabilidad laboral y el mejoramiento de las prestaciones de las y los trabajadores en México.

Es cuanto, muchas gracias.