Con la venia de la presidencia.

En México, el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido un largo y lento recorrido, lleno de múltiples dificultades.

A pesar de que actualmente se han emprendido acciones afirmativas para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos públicos tales como los criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, la realidad es que aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país: la violencia política por razones de género.

Las elecciones de 2018 fueron unas de las más violentas en la historia, y la violencia política de género fue una de las principales protagonistas.

En su Informe Anual de Actividades 2018, la FEPADE da cuenta de que durante el proceso electoral 2017-2018, se abrieron seis carpetas de investigación por Violencia Política de Género y 41 números de atención.

Estoy segura que fácilmente pueden encontrar al menos un episodio en su memoria, ya sea porque lo vieron de primera mano o porque algunos tuvieron un gran alcance mediático.

Bajo este contexto, el INE, en su papel de autoridad electoral, y con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creó mediante acuerdo para el pasado proceso electoral la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, misma que tenía como objetivo dar seguimiento a las labores del instituto en materia de paridad; violencia política contra las mujeres; promoción del liderazgo político de las mujeres, y participación política bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Esta ley reconoce dos tipos de comisiones, las temporales y las permanentes las cuales como su nombre lo indica funcionan en todo momento, independientemente de si es proceso electoral o no y las temporales creadas para la atención de un asunto específico y cuyo desahogo dará lugar a su disolución.

Basta analizar someramente los múltiples casos de violencia de género que se presentaron en el pasado proceso electoral y los que día con día se siguen generando, para saber que aún estamos muy lejos de que una comisión que persiga estos fines ya no sea necesaria.

La violencia política no se da únicamente durante los procesos electorales, sino que puede originarse en distintos escenarios, como lo es en el ejercicio del cargo.

Los presentes hemos sido testigos de lo anterior y desafortunadamente en mucho de los casos hemos sido víctimas. El acuerdo que dio vida al carácter temporal de esta comisión señala que su vigencia sería de 2 años, mismos que están por concluir.

Lo cual resulta preocupante, en el partido Verde Ecologista de México consideramos insuficiente el término de 2 años para resolver estos problemas de vital importancia que afectan los derechos de las mujeres no solo durante el acceso al poder sino durante el ejercicio libre del mismo.

Es por esto que hoy presento iniciativa de ley para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de que esta comisión deje de ser de carácter temporal y se le reconozca en el texto del artículo 42 de la Ley como una más de las de carácter permanente.

Estoy convencida que la promoción y participación de las mujeres en la política no puede quedar al arbitrio de un acuerdo. Como legislatura de la paridad de género, los invito a que hagamos que esto también sea un logro más de los tantos obtenidos en la materia.

Es nuestro compromiso con las mujeres mexicanas permanecer vigilantes de sus derechos en todo momento, solo de esta forma fomentaremos la participación en la vida pública.

Es cuanto, muchas gracias.