Con su permiso presidenta, muy buen día a todos.
Cuando hablamos de la población afrodescendiente en nuestro país, hablamos, lamentablemente, de un grupo de mexicanos que no sólo ha sido menospreciados y discriminados a lo largo de siglos, sino, sobre todo, ignorado.
Hoy sabemos que casi 1.4 millones de mexicanos se reconocen como afrodescendientes, sin embargo, y aunque parezca increíble, ésta identificación fue posible apenas en el año 2015, cuando en la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI, se incluyó una pregunta orientada a identificarlos.
Hasta antes de esa fecha el Estado mexicano no sabía con certeza cuántos afrodescendientes había en el país, ni ninguna otra característica sociodemográfica que permitiera no sólo conocerlos mejor, sino atender de manera más adecuada sus demandas y necesidades.
Esta ausencia de los afrodescendientes en las estadísticas oficiales es un fiel reflejo de su no reconocimiento en el marco jurídico mexicano como parte integrante de la composición pluricultural de la nación.
Esta falta de reconocimiento legal de las personas afrodescendientes en nuestro país se manifiesta en diferentes planos de la realidad social, por ejemplo, en la negación de sus aportes a la formación de la cultura nacional, o bien, en la carencia de acciones de política pública dirigidos de manera específica a ellos.
En este sentido, el reconocimiento en nuestra Carta Magna de las comunidades y pueblos afromexicanos como parte integrante de nuestra nación deberá ser un primer paso para la creación de políticas públicas para su atención y para la promoción de su desarrollo.
La reforma al texto constitucional que hoy vamos a aprobar es un intento por saldar una añeja deuda con un grupo poblacional cuyos antepasados fueron arrancados violentamente de su lugar de origen para ser traídos a nuestro país como mano de obra en condiciones de esclavitud.
Si bien es cierto que en la actualidad los afrodescendientes en nuestro país son, como cualquier otro mexicano, seres humanos libres e iguales ante la ley, lamentablemente, sus comunidades carecen de los servicios más elementales, como son los de salud, educación, agua, drenaje, energía eléctrica e infraestructura y sus miembros siguen siendo, en su mayoría, víctimas de pobreza, marginación y exclusión social.
De acuerdo a un perfil elaborado por la CONAPRED, la CNDH y el INEGI, uno de cada seis afrodescendientes es analfabeta, menos de un cuarto de ellos está afiliado al IMSS o al ISSSTE y sólo el 15% de los miembros de esta comunidad gana más de tres salarios mínimos. En todos los casos, son notables las diferencias con los porcentajes a nivel nacional.
Por otra parte, no se puede dejar de señalar que, desafortunadamente, los afromexicanos en nuestro país son objeto de diversos prejuicios, actitudes y conductas discriminatorias en su contra, derivados de su color de su piel, los cuales no sólo provienen de otros grupos poblacionales, sino también en algunos casos de autoridades.
De acuerdo a las quejas recibidas por la CONAPRED, los derechos de las personas afrodescendientes que más se vulneran son el trato digno y la igualdad de oportunidades, siendo el terreno laboral y la prestación de servicios al público los ámbitos en donde más se presentan casos de este tipo.
Ante esta situación, en el Partido Verde votaremos a favor del reconocimiento de las comunidades y pueblos afromexicanos en la Constitución, con la esperanza de que ello represente un paso firme hacia la reivindicación de su cultura y su historia, pero sobre todo para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos de forma incluyente y sin discriminación.
Muchas gracias.
PARTIDO VERDE
