· 9 de cada 10 asuntos se tramitan en las defensorías locales.
El Partido Verde en el Senado de la República hizo un llamado urgente a fortalecer las defensorías públicas locales, toda vez que se encuentran en desventaja frente a las federales en cuanto a recursos humanos, económicos y de especialización, siendo que en ellas se procesa el 90 por ciento de los delitos del país.
Los senadores Israel Zamora Guzmán y Raúl Bolaños- Cacho Cué, presentaron una iniciativa para adicionar a la Ley de la Defensoría Pública que la junta directiva tendrá que establecer y coordinar relaciones con los institutos de defensoría de las entidades federativas con la finalidad de brindar asesorías y asistencia técnica y así contribuir al acceso y al fortalecimiento de los sistemas de justicia locales.
Refirieron que de acuerdo con el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dados a conocer en la mesa de análisis La importancia de la función del defensor en la impartición de justicia penal: retos y realidades, las defensorías locales están en una tremenda situación de desventaja, no sólo porque tienen una enorme carga de trabajo –nueve de cada 10 asuntos–, sino también por los bajos salarios de sus defensores y además porque cuentan con un mínimo apoyo presupuestal del Estado mexicano".
Asimismo, un estudio realizado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se demuestra que la defensoría pública se ha caracterizado históricamente por una permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal para atender una enorme y creciente carga de trabajo, en donde la mayoría de las personas imputadas en un proceso penal (hasta 80%) se ven en la necesidad de recurrir a los servicios de un defensor público.
"Consideramos que es fundamental y primordial iniciar un amplio debate y análisis de la defensoría pública en nuestro país en el ámbito local. Es importante aumentar los recursos presupuestales y, sobre todo, aprovechar la experiencia que se tiene a nivel federal. Por ello consideramos preponderante que, como primer paso, exista una mayor interlocución entre la defensoría federal con las locales a través de mayores mecanismos de coordinación donde la capacitación y asesoría técnica sean el principal vínculo.
Agregaron que al fortalecer las defensorías públicas locales se estará vigorizando el sistema de impartición de justicia y las instituciones, y con ello se podrá garantizar el Estado de Derecho.
Y es que de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México, que elaboró la organización Reinserta, 52.9 por ciento de la población privada de la libertad con sentencia dictada contó con un defensor público durante el proceso judicial, y 50.6 de quienes están en vía de ser procesados han tenido un abogado público, ya que uno privado cobra de 100 a 300 mil pesos.
