· En el primer trimestre de 2022 se registraron 229 feminicidios
El senador Israel Zamora Guzmán propuso sancionar con pena de 3 a 8 años de prisión, multa de 500 a mil 500 días y la destitución e inhabilitación de 3 a 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión de los servidores públicos que ejerzan victimización secundaria a la víctima y a sus familiares.
Mediante una iniciativa, el legislador del Partido Verde explicó que la victimización secundaria, conocida también como violencia institucional se refiere a una inadecuada o nula actuación del sistema de justicia.
Debido a los altos índices de violencia feminicida y de género, la victimización secundaría, dijo, debe ser sancionada cuando los servidores públicos retarden o entorpezcan maliciosamente la justicia, pues existen muchos casos de feminicidio que no han sido resueltos, a pesar de que en México son asesinadas 10 mujeres al día.
"El feminicidio, desafortunadamente, se ha convertido en una de las causas de impunidad y corrupción por la carencia de investigación y de una inadecuada construcción de los elementos del delito", precisó.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo reportado por las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades, en el primer trimestre de este 2022 se registraron 229 feminicidios, detalló el senador.
Zamora Guzmán precisó que los casos de victimización secundaria se reflejan en tratos indignos cuando se solicita un servicio de procuración de justicia, un inadecuado asesoramiento o bien, el trato está basado en estereotipos y prejuicios por parte de los servidores públicos.
En los delitos de feminicidio, señaló, la victimización secundaría se realiza contra los familiares al ofender, referirse u opinar sobre lo acontecido en la víctima, cuando estos se encuentran en una etapa de comprensión, entendimiento o asimilación del fallecimiento de su familiar.
Por lo anterior, el senador Israel Zamora planteó adicionar un último párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, a fin de evitar afectaciones a los familiares, quienes, en busca de justicia, encuentran reproches, cuando es la autoridad la que debe cumplir y hacer cumplir la norma.
