Con la venia de la presidencia,

Compañeras y compañeros legisladores, quiero comenzar con un reconocimiento a todos los integrantes de esta soberanía porque si hacemos memoria el primer compromiso que adquirimos como legisladores en este Senado de la República fue con la austeridad republicana, nuestra primera sesión ordinaria de esta legislatura y hoy venimos a refrendar este compromiso porque el espíritu de esta nueva ley de austeridad republicana reconquista el ideal del gigante de Guelatao, que vale la pena repetirlo las veces que sea necesario para mantenerlo en nuestra memoria.

Él dijo que "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.

No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala."

La administración pública vive importantes retos y desafíos, que implican cambios y procesos de modernización, que a su vez requieren de mayor coordinación, eficiencia, eficacia y calidad en la administración pública.

Nuestro país ha realizado importantes reformas y grandes esfuerzos llegando a consolidar un aparato burocrático de 299 entidades de gobierno, más de 18 Secretarías, y poco más de 1.4 millones de servidores públicos federales.

El 45 % de los servidores públicos tienen al menos una licenciatura, el 29 % cuenta con doctorado, y el 23% tiene grado de maestría. Lo cual nos dice que tenemos funcionarios expertos y con amplias capacidades, a quienes les expresamos nuestro reconocimiento y nuestro total respaldo.

Sin embargo, el cáncer de la corrupción ha invadido diversas áreas de la administración, llegando a instituir malas prácticas que afectan de manera negativa el desempeño del servicio público, pero principalmente, un mal uso y destino de los recursos públicos.

Hoy tenemos la responsabilidad de instaurar un servicio público con sentido social. Es innegable y debemos de reconocer que se volvió muy rentable ser funcionario público, y que se han generado incuantificables daños al patrimonio del Estado y de sus instituciones, que afectan a millones de mexicanas y mexicanos y que vulneran el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, más de 14 mil 600 mexicanos por cada 100 mil, experimentaron un acto de corrupción a nivel nacional.

Cifras de la OCDE refieren que la corrupción podría representar entre un 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Si en el 2018 el PIB fue de 18 billones 525 mil millones de pesos, y supongamos que la corrupción costó el 5 por ciento, estamos hablando de una pérdida para el país, de 926 mil millones de pesos.

Esa cifra se equipará al gasto programable en aportaciones a la Seguridad Social, que fue de 786 mil millones de pesos, o las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios que ascendió a 735 mil millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2019.

Lo anterior, también influye en la percepción internacional, y en que México haya caído del sitio 138 al 180 en el ranking anual de Transparencia Internacional.

Es imprescindible e impostergable tomar acciones más contundentes que eliminen de raíz este fenómeno, y por ello, la bancada del Partido Verde respalda la política de Estado, que el Presidente de la República está implementando en todo el país: eliminar los privilegios y excesos en beneficio de los menos favorecidos.

Estamos seguros de que la Nueva Ley de Austeridad Republicana marca el inicio para retomar el sentido social del servicio público, permitiendo generar ahorro, atender de manera eficiente las demandas sociales, y destinar mayores recursos a los programas que generen un desarrollo más incluyente.

Las demandas sociales requieren de la reafirmación de los valores personales, la austeridad necesita de conductas éticas en el actuar diario de los servidores públicos y no sólo de una política pública.

La ética y la honradez son la vía para lograr la justicia social, y hoy ese es el único camino visible para acabar de una vez por todas con el cáncer que tanto ha afectado México: la corrupción.

Por su atención, muchas gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO