Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores.
La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos expedida hace dos años es un importante instrumento para la adecuada fiscalización y control de los ingresos derivados de los contratos y asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Contar con un instrumento normativo como este, es fundamental para dar seguridad a las y los mexicanos respecto al manejo y conducción de los ingresos petroleros, así como sentar las bases legales respecto a las modalidades de contratación y contraprestaciones para un adecuado y más productivo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.
El fin último de este ordenamiento es fortalecer a Petróleos Mexicanos a través de un sistema fiscal que no limite su capacidad de operar con mayor eficiencia y que considere el incremento en las complejidades técnicas de las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos.
Las modificaciones realizadas reflejan el esfuerzo de este poder legislativo por seguir transformando el sistema energético mexicano, hacia un esquema de mayor productividad y competitividad, bajo normas sencillas y claras en su aplicación.
En este sentido, las adecuaciones al régimen fiscal para las asignaciones pretenden hacerlo más eficiente, de forma que su operación sea más competitiva frente a los nuevos esquemas contractuales y se permita al Estado mexicano obtener una rentabilidad justa.
Se está realizando un ajuste, en función de la volatilidad registrada recientemente en el tipo de cambio, con la intención de dinamizar el sector energético para generar un mayor monto en las inversiones destinadas a la exploración y extracción en materia de hidrocarburos, a través de un esquema más flexible para las deducciones. Este mecanismo de ajuste permitirá al Estado Mexicano capturar la renta petrolera extraordinaria que pudiera generarse.
Asimismo, se intenta otorgar mayores facilidades para que los integrantes de un consorcio energético petrolero puedan expedir comprobantes fiscales que amparen los gastos realizados en términos de nuevas inversiones para exploración. La utilidad compartida permite que el Estado reciba recursos desde el momento de la formalización del contrato y con independencia de la rentabilidad del proyecto, así se distribuyen los riesgos y ganancias más equitativamente entre el sector público y el privado.
Debemos hacer realidad las reformas estructurales en materia energética y hacendaria, mismas que serán el vehículo que detone el potencial energético que tenemos y que sin lugar a dudas nos posicionará como referente en el ámbito internacional.
Generar mayores tasas de desarrollo económico y empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado a mediano y largo plazo, solo se alcanzará con un esquema integral para aumentar la producción de hidrocarburos y dinamizar la actividad industrial y económica de todo el sector.
Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
